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JARAMILLO TIENE LA OPORTUNIDAD DE REVISAR EL POT, SI ASÍ QUEDA ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO.

Revisaremos el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) recientemente aprobado, para asegurarnos que permita conformar una ciudad amable, sostenible y equitativa, es decir, con una infraestructura a escala humana, de conformidad con las necesidades de la población, del desarrollo económico, y de las demandas del ambiente natural. Especial cuidado tendremos en relación con las exigencias de generar espacio público suficiente para los nuevos asentamientos, y para la ciudad en su conjunto”

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez

La Ley 388 de 1997, determina que el ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, consecuente con lo anterior el Artículo 21º de la Ley 388 de 1997, determina que el plan de ordenamiento territorial define a largo y mediano plazo un modelo de ocupación del territorio municipal el cual estará vigente mientras no sea modificado o sustituido.

En relación a lo anterior, el Decreto 1077 de 2015, señala que a iniciativa del Alcalde, se podrá revisar y ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de manera parcial o total en el comienzo del período constitucional de éste; y/o de manera excepcional en cualquier momento cuando medien resultados de estudios o condiciones de restricción diferentes a las originalmente adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (artículos 2.2.2.1.2.6.1 y 2.2.2.1.2.6.2).

Para el caso de Ibagué las razones existen, por ejemplo, no se surtió el procedimiento y tramite natural definido por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios hoy compilados por el Decreto Nacional 1077 de 2015; preexisten argumentos del orden ambiental que no se tuvieron en cuenta o fueron cambiados después de ser concertados con la autoridad ambiental; también existe necesidad y conveniencia de aclarar vacíos e inconsistencias normativas y cartográficas encontradas en el decreto 1000 – 823 de 2014.

Recordemos que el POT (Decreto 1000 – 823 de 2014), fue aprobado sin que se cumpliera lo reglado en el Artículo 23º de la Ley 388 de 1997, el cual indica que seis (6) meses antes a la vigencia del plan, las administraciones municipales deberán iniciar el trámite para la formulación del nuevo plan o su revisión o ajuste; así como lo del Artículo 28º de la misma Ley, que establece que en todo caso el momento previsto para su revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo período de una administración municipal. 

De igual modo, no debemos olvidar el orquestado trámite ante el Concejo Municipal; pues el Alcalde citó a extras con 10 o 15 días para estudiar y debatir el principal instrumento de gestión de la municipalidad, tiempo en el cual también debió incluirse la celebración de un cabildo abierto, desplegando toda la atención jurídica de los Concejales, sin embargo, no alcanzó el tiempo para que el proyecto del Plan fuera debatido por el honorable Concejo; y finalmente, remata el trámite, el silencio magistral de la presidencia de la Corporación, pues debió pronunciarse con los argumentos de Ley.

Ahora bien, no se necesita de un bufete de abogados para decirle al Alcalde que, él es la máxima autoridad de la planeación de un municipio, que le corresponde cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley; administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos; ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio.

Para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un municipio se debe acudir a tres (3) instrumentos, cómo son: el PD, (Plan de desarrollo) el POT y el PP (Presupuesto participativo); su armonización y articulación debe materializarse en el plan de desarrollo.  

Como hacer la revisión y el ajuste del POT, en la Administración “Por Ibagué, con todo el corazón” 2016 – 2019.

El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública que solo le compete a los municipios, y en la definición del ordenamiento territorial se debe tener en cuenta las prioridades del Plan de Desarrollo y las determinantes establecidas en normas de superior jerarquía.

Ahora bien, es una prioridad para el municipio que se ordene y planifique el territorio de una manera concertada con la participación de todos los actores naturales de un Plan de Ordenamiento Territorial; por lo anterior, el Alcalde debe legitimar el trámite que debió surtirse en la etapa previa a la aprobación del decreto 1000 – 823 de 2014; referente a la participación, consulta, concertación y adopción, en los términos de la ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

El Alcalde debe ordenar que se revise y se incorpore el modelo de ocupación del Municipio al Plan de Desarrollo; y que con base al POT, se formule un programa de ejecución en los términos del Artículo 18º de la Ley 388 de 1997, el cual deberán incorporarlo al plan de inversiones. Finalmente, se debe dejar como un objetivo y una estrategia la revisión y ajuste, del POT. 

La aprobación de un Plan de Desarrollo se cumple con los mismos procedimientos de socialización, concertación y adopción de un Plan de Ordenamiento Territorial, pues acude a la comunidad, a la Autoridad Ambiental, al Consejo Territorial de Planeación, al Concejo Municipal y finalmente concurre a la adopción por parte del Alcalde.

Concepto del Ministerio de Ambiente.

La Ley 388 de 1997, define que la aprobación del POT, se realiza al inicio del periodo constitucional de una administración. Sin precisar en qué año del periodo constitucional. Respecto a esto, el Ministerio de Ambiente señala:

Es importante mencionar que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el ente rector en materia de ordenamiento territorial y quien ha conceptuado en lo relacionado con las normas que reglamentan el tema, sin señalar una fecha exacta correspondiente al inicio del periodo constitucional para dar inicio a la revisión y ajuste del POT; teniendo en cuenta que se trata de un proceso complejo que está compuesto por diferentes etapas que requieren la participación de diferentes actores.

Adicionalmente, es el Alcalde Municipal el responsable de determinar la pertinencia, oportunidad y el momento adecuado para iniciar el proceso de revisión y ajuste del POT; orientando la planeación y formulación del proyecto del plan, velando por el complimiento de las fases requeridas para lograr su aprobación”. (Concepto N° 8110 -E2-37805 – LUIS ALFONSO ESCOBAR TRUJILLO – Dirección de Ordenamiento Ambiental y Coordinación del SINA). 

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