La supremacía o prepotencia de la Autoridad Ambiental

 

La supremacia .....

Los propósitos del Ordenamiento Territorial de conformidad con la ley 388 de 1997 son: Orientar el desarrollo y el aprovechamiento sostenible del territorio, regular la utilización, transformación y ocupación del suelo y sus recursos, en armonía con el medio ambiente, en función de los objetivos ambientales y socioeconómicos, garantizar el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en el territorio; proteger y garantizar suelo para la conservación y protección ambiental y la producción agropecuaria y forestal.

Las competencias de las Autoridades Ambientales, son las de evaluar los asuntos exclusivamente ambientales de los planes y esquemas de ordenamiento territorial para su concertación con las administraciones Municipales de conformidad con la ley 388 de 1997; mas no la de aprobar estos instrumentos, pues tal atribución le compete a los Alcaldes y a los Concejos Municipales.

Es recurrente escuchar en pasillos, conversaciones y/o en talleres de capacitación a los funcionarios de la autoridad ambiental jactándose (verbigracia; apreciándose y glorificándose) que son la autoridad ambiental y son autónomos; en otras palabras que son independientes.

Definición de autonomía: Autonomía en términos generales es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Algunas palabras similares son: soberanía, autogobierno, independencia, emancipación y potestad. Palabras con significado opuesto pueden ser dependencia y subordinación.

Referido municipios, regiones u organizaciones, la autonomía es la potestad o el poder de establecer sus propias normativas y órganos de gobierno dentro de un Estado. (www.significados.com).

Pienso que esa supremacía debe ser entregada a los municipios para tengan en cuenta los asuntos ambientales en la formulación de la revisión y ajuste de los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial, tal como lo señala el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que su texto dice: “Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten”

El significado de la palabra participar en la web es el siguiente:

    1. Participar: “Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación”
    2. Participar: “Recibir una parte de algo que se reparte”

Pero la participación para la Corporación se convierte en exigir, legislar y lo más grave decidir y ordenar a los municipios la realización de estudios de carácter exclusivamente ambientales; quien sabe para qué, pues ellos son la autoridad ambiental y les compete realizar estos estudios, pues la Ley 99 de 1993, les otorga ese derecho por ser los administradores del medio ambiente.  

Mediante esa autonomía e independencia que los caracteriza expiden un acto administrativo que adopta las determinantes y asuntos ambientales para que los municipios la cumplan en los procesos de revisión y ajuste o en la formulación de un nuevo plan o esquema de ordenamiento territorial; pero esa autonomía no les alcanza para obligar a los municipios a cumplirlas, pues en esta materia son los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los que gozan de autonomía y autoridad para expedir las normas en materia de ordenamiento territorial.

La doctora Constanza Atuesta Cepeda, Jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Ambiente, señaló que: “el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, formula la política y regulaciones de carácter ambiental, en el ejercicio de esta función ha expedido las normas relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio tales como el decreto 3600 de 2007, el decreto 2372 de 2010 y el decreto 1640 de 2012, normas y reglamentos expedidas en el ejercicio de las facultades legales y que en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 el decreto 3600 de 2007 se constituye en norma de superior jerarquía”. Precisa la jefe de esa cartera que: “a la luz del ordenamiento jurídico no es viable que autoridad diferente a la que profirió la norma de carácter general, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pueda modificarla o adicionarla”.

Concluye en su nota la doctora Constanza Atuesta Cepeda, “que en el caso que una autoridad ambiental profiera un acto administrativo que contrarié las normas generales de carácter superior podrá ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Ampliando aún más la cobertura del ordenamiento jurídico respecto a la modificación o adición de las normas de carácter general es necesario   recurrir al artículo 84 de la Constitución Política, el cual de manera perentoria indica que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio; siendo necesario que todas las actuaciones de la administración pública se basen en la eficiencia, la equidad, la eficacia y la economía, con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado.

Lo cierto es que de conformidad a la Constitución y las leyes son los alcaldes los que están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y en materia de ordenamiento territorial a los municipios de menos de 30.000 habitantes solo tienen la obligación de reglamentar los usos del suelo; lo anterior en virtud a la Ley 1551 de 2012.

Ahora bien, pasando a otro ámbito, no le fue posible a la Corporación a través de la Universidad, lograr que me coartaran el derecho a expresarme libremente en esta columna de opinión acerca de mis conceptos sobre los procesos de la revisión y ajuste de los planes y esquemas de ordenamiento territorial; por lo anterior invito a los funcionarios de la Corporación que regularmente leen esta página para que me señalen e indiquen en que parte de la Ley 388 de 1997 o en sus decretos reglamentarios o en la Ley 99 de 1993, se precisa que las Corporaciones ordenaran a los Municipios la elaboración de estudios de carácter ambiental, como requisito sine qua non para la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales; sacando de tajo la aureola de que son autónomos y la autoridad ambiental.

¿Que significará para los funcionarios de la autoridad ambiental la palabra autónomos? (Por favor seleccione solo una de las siguientes respuestas).

  1. Que goza de autonomía o independencia 
  2. Se aplica a la persona que trabaja por cuenta propia.
  3. Que es independiente, que puede decidir 
  4. Dependiente que trabaja por cuenta propia sin depender de un empleador un trabajador autónomo
  5. Este adjetivo se aplica, por ejemplo, a los municipios, regiones u organizaciones que tienen el poder de establecer sus propias normativas y órganos de gobierno. Por ejemplo, se suele hablar de 'Gobierno autónomo' y 'comunidades autónomas'. También se utiliza aplicado a personas, indicando que una persona es capaz de desarrollar tareas de una manera independiente. Por ejemplo: 'Juan ya es bastante autónomo'.
  6. Que extralimitan la Constitución y las leyes
  7. Todas la anteriores
  8. Ninguna de las anteriores.

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