Las consecuencias de la adopción del POT en Ibagué

 

 

La administración municipal a través del decreto 823 de 2014, dejo una serie de acciones para que fueran realizadas por la actual administración en los siguientes tres (3) y seis (6) meses contados a partir de la adopción del POT, por ejemplo: La diagramación y publicación masiva del documento resumen del POT; la compilación y la unificación de los criterios del decreto 823 de 2014 con el Acuerdo 0116 de 2000; controlar junto con la autoridad ambiental la contaminación hídrica; elaboración del plan maestro de estacionamientos y parqueaderos del Municipio de Ibagué; realizar un estudio e implementar de los elementos del Mobiliario urbano necesarios para la satisfacción de las necesidades de los ibaguereños, la creación del Consejo Asesor de Patrimonio Municipal.

Además de las anteriores, la administración municipal en el término de seis (6) meses de la expedición del POT, reglamentaria cualquier otro tipo de canje de cesiones diferente a las establecidos en el decreto 823 de 2014; Crearía el fondo de compensación de cesiones; delimitaría las áreas receptoras para las cesiones; la formularia el plan de regularización urbanística y manejo para los asentamientos subnormales; conformaría y reglamentaria la Comisión Municipal de Ordenamiento. Muchas de las anteriores tareas ya se cumplieron y las otras estarían por vencerse en el próximo mes de junio.

De igual manera LUIS H, le dejó a los próximas gobiernos una serie de acciones para que estas las realicen durante el periodo de sus administraciones; prácticamente Triana, ya les preparó el plan de desarrollo; así las cosas es de suma urgencia que el Tribunal Administrativo declare la ilegalidad del POT, para que el actual secretario de planeación no sea presa o trofeo de entredichos y comentarios, pues llegó al lugar equivocado, en el momento menos indicado; el desgate jurídico y administrativo del gobierno de LUIS H, es inmenso.

“Sino es Luis H, el que derogue el POT, o que el Tribunal Administrativo del Tolima lo declare ilegal, le correspondería al próximo Alcalde de los Ibaguereños, derogarlo tan pronto inicie su periodo constitucional”.

La expedición de este decreto generó conflictos con la Autoridad Ambiental al parecer por el incumplimiento de algunos temas concertados, pero lo más grave es que este conflicto transcendió el ámbito municipal, cuando el propio director de Cortolima, tildo a las autoridades municipales de “modificar los POT a través de decretos, argumentando que con esta situación se configura una dictadura de ordenamiento territorial que va en contravía de los intereses de los ciudadanos que residen en unas regiones”.

Siendo Colombia un estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales para la gestión de sus intereses, correspondiéndoles a los Alcaldes administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos no podemos estar hablando de “dictaduras”.

Lo que no le cabe en la cabeza a la Autoridad Ambiental, es que a los Alcaldes son la máxima autoridad del municipio y el principal y máximo actor del ordenamiento de su territorio y por lo tanto le corresponde reglamentar los acuerdos municipales, ordenar y planificar su territorio, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos municipales; constituyéndose en la máxima autoridad de la planificación y el ordenamiento en su jurisdicción.

Debe recordar el director; que los POT´s le otorgaron a los Alcaldes facultades para adelantar, gestionar y/o realizar acciones tendientes al ordenamiento del territorio; los asesores de la Corporación, en ordenamiento territorial deben precisarle que existen instrumentos que desarrollan y complementan los planes de ordenamiento territorial y la potestad recae en los Alcaldes; El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estableció que: “los Instrumentos que desarrollan y complementan los Planes de Ordenamiento Territorial, son aquellos que permiten complementar las decisiones adoptadas en el POT , igualmente forman parte de estos instrumentos, las decisiones sobre las acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto plazo”.

Así las cosas no se puede endilgar que existe dictadura por parte de los Alcaldes, cuando por medio de decretos ordenan su territorio, en cumplimiento de la Constitución y las Leyes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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