Arq. Carlos Arturo Ciro Basto Catedrático
Consultor de Ordenamiento Territorial.
 

Es necesario e importante insistir sobre los procedimientos y trámites que deben tener en cuenta los Municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales, para surtir la revisión, ajuste o modificación del POT de manera general o parcial o cuando a iniciativa del Alcalde en cualquier momento en cumplimiento de los objetivos del POT, requiera la administración municipal, modificar de manera excepcional las normas urbanísticas estructurales o generales del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial. También conocer la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en estos procesos.

Sea lo primero revelar que la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en materia de ordenamiento territorial, nació antes de que se expidiera la Ley de Desarrollo Territorial o Ley 388 de 1997; aparece con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la organización de la gestión y conservación del medio ambiente y la conformación del Sistema Nacional Ambiental, SINA; decisión subscrita en la Ley 99 de 1993.

Ahora bien, el numeral 5 del artículo 31 de esta Ley, le asigna en materia de ordenamiento territorial, a las Corporaciones Regionales, la siguiente función:

1. “Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten”; hasta aquí en esta referencia normativa se habla de participación.

Así las cosas, con la expedición de la Ley 388 de 1997 y basados en el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le correspondió a las Corporaciones Autónomas Regionales; concertar con los Municipios en la formulación de los planes de ordenamiento territorial, los asuntos exclusivamente ambientales de conformidad con lo reglado en el artículo 24; norma que argumenta lo siguiente:

2. “El proyecto de Plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66, para lo cual dispondrá de treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en los estudios previos. Esta decisión será, en todo caso, será apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente.

Por ahora el sentido normativo de los dos (2) artículos se resume de la siguiente manera:

1. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, velarán para que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que adopten los Municipios. (Numeral 5 Art. 31 Ley 99 de 1993)

2. Los Municipios presentaran a la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental de su jurisdicción, el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. Para el trámite se dispone de treinta (30) días: Los asuntos exclusivamente ambientales presentados por el Municipio, solo podrá ser objetados, cuando la Corporación Autónoma Regional, lo demuestre técnicamente fundada en estudios previos. (Art 24 Ley 388 de 1997).

La primera verdad es que los Municipios no están planificando ni ordenando su territorio; cuando se presenta un proceso de concertación con la Autoridad Ambiental, se realiza sobre los asuntos ambientales, no ambientales, técnicos y jurídicos. Lo cierto del caso es que contrario a la Ley, no es la Autoridad Ambiental, quien debe presentar los estudios previos y sustentarlo técnicamente, sino que desafortunadamente son los Municipios.

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