Arq. Carlos Arturo Ciro Basto Catedrático
Consultor de Ordenamiento Territorial.
 

Los propósitos del Ordenamiento Territorial de conformidad con la ley 388 de 1997 son: Orientar el desarrollo y el aprovechamiento sostenible del territorio, regular la utilización, transformación y ocupación del suelo y sus recursos, en armonía con el medio ambiente, en función de los objetivos ambientales y socioeconómicos, garantizar el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en el territorio; proteger y garantizar suelo para la conservación y protección ambiental y la producción agropecuaria y forestal.

En este contexto y marco jurídico, al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes de conformidad a la gestión de sus intereses.

Para el logro de lo anterior, los Municipios deben recurrir a los instrumentos de gestión establecidos en la Ley 388 de 1997; mecanismos que le permiten al ente territorial obtener suelos públicos o convertir suelos privados en suelos de uso público; crear sistemas de financiación para costear urbanización sin cargas a presupuestos estatales; asegurar a propietarios manejos equitativos frente a cargas y beneficios de la parcelación o urbanización; asegurar el desarrollo de suelos inactivos dentro de los tiempos asignados en el POT; recursos para la construcción de espacios públicos, habilitar suelo para el desarrollo urbano, regular la especulación del suelo, etc.

Dicho sea de paso, el municipio para obtener tales beneficios debe emprender la revisión, ajuste y modificación de los planes o esquemas, pero principalmente la modificación de las normas urbanísticas de acuerdo a su clasificación contenida en el artículo 15°, de la Ley 388 de 1997, reglamentada en el artículo 2.2.2.1.2.6.2 del decreto 1077 de 2015; por ejemplo con la modificación de la clasificación del territorio se habilita suelo para el desarrollo urbano, suburbano o rural, generando para el municipio la participación de la plusvalía, herramienta que le permite obtener recursos para la compra de predios o inmuebles, para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interés social; construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales para la adecuación de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado, ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y expansión y recuperación de los centros y equipamientos que conforman la red del espacio público urbano, financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interés general, actuaciones urbanísticas en macroproyectos, programas de renovación urbana u otros proyectos que se desarrollen a través de unidades de actuación urbanística etc.

Ahora bien con relación a la revisión de las normas urbanísticas generales, se modifican los usos e intensidad de usos del suelo, así como las actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización y construcción, es decir de este modo se logra la incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión, generando plusvalía por el mayor aprovechamiento del suelo; se suma a lo anterior la entrega de áreas de cesión urbanística mediante escritura pública al Municipio.

Pues bien, lo anterior es consecuente con lo establecido en la Ley 388 de 1997, norma que a su texto y lectura establece que el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico.

También se logra con el anterior precepto, precisar que el ordenamiento territorial debe ser acorde con las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente y sus tradiciones históricas y culturales, entregándole la dimensión territorial a la planeación económica y social; racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, tomando en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras

Entonces para que emprender la revisión y ajuste de nuestro plan o esquema de ordenamiento territorial, sino precisamos que el principal objetivo de esta acción, debe ser la modificación de las normas urbanísticas, con el propósito de conseguir el progreso del Municipio y generar los recursos necesarios para una buena gestión e implementación del Pot.

Finalmente, entonces le corresponde al Municipio, si a ello hubiere lugar emprender las modificaciones excepcionales a las normas urbanísticas necesarias; pero antes que todo, presentar un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, para establecer los procedimientos de la revisión y ajuste de las normas urbanísticas, trámite que debió haber quedado en la formulación del Pot, pero que ningún municipio lo estableció.

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