Arq. Carlos Arturo Ciro Basto.
Catedrático – Consultor de Ordenamiento Territorial.

Sin argumentos jurídicos ni técnicos y con un desconocimiento total del tema, la funcionaria investida de Autoridad Ambiental, se presenta en los escenarios de capacitación y asesoría técnica orientada por los Ministerios de Vivienda y Ambiente; sacando de su agenda el discurso del “podrán”

A propósito de lo anterior el pasado 07 de julio, la Gobernación y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto – Ley 4145 de 2011, desarrolló un taller de asistencia técnica con el objeto de brindar asesoría a los Alcaldes, Secretarios de Planeación e interesados en aplicar los conceptos y procedimientos para la formulación e implementación de UPR en los municipios del Departamento del Tolima.

No fue entonces una sorpresa cuando la profesional delegada e investida de Autoridad Ambiental, sacó de la agenda del conocimiento, el “podrán”; iniciándose de nuevo la discusión bizantina con argumentos inútiles; el cual solo acabará en primer lugar, cuando la funcionaria tenga muy clara la diferencia entre entender, comprender e interpretar las funciones y la autonomía de los municipios de conformidad a la Constitución y las leyes en materia de ordenamiento y planificación territorial. En segundo lugar cuando piense, perciba y descifre cuales son los asuntos ambientales, tema en el cual los caracteriza e identifica como Autoridad Ambiental.

Ahora bien, retomando el tema de las unidades de planificación rural, instrumento que complementa la función pública del urbanismo de los entes territoriales, el cual les permite de conformidad a su Autonomía, planificar e incorporar herramientas de gestión del suelo; actuaciones urbanísticas y de financiación para todo el territorio rural del Municipio, obteniendo para sí recursos económicos, la implementación y desarrollo de los proyectos del POT; el programa de ejecución, la formulación y adopción de las UPR.

Así las cosas, la norma es clara cuando establece que para desarrollar y precisar las condiciones de ordenamiento de áreas específicas del suelo rural a escala intermedia, los planes o esquemas de ordenamiento territorial “podrán” delimitar para la totalidad del suelo rural las UPR; es decir, hay autorización expresa por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad encargada de formular la política y las regulaciones de carácter ambiental, para que los Municipios en el marco de su Autonomía (Artículo 287 y 315 de la Constitución; el Inciso 8 del artículo 65º y 68° de la Ley 99 de 1993), planifiquen la totalidad del territorio rural; libertad y permiso que no debe ser cuestionado por ninguna entidad y mucho menos por la Autoridad Ambiental.

Lamentablemente después de salir del evento la funcionaria con la aureola de Autoridad Ambiental; se aclaró por parte de los expositores que los Municipios son autónomos en la gestión de sus intereses para ordenar, orientar y planificar el Municipio; por lo tanto no le asiste a ninguna entidad pública o privada detener o cuestionar esta autonomía y mucho menos dictar normas o adoptar lineamientos o determinantes para la formulación de las UPR´s.

Se suma a lo anterior lo reglado en el numeral 1.3 del artículo 15 de la Ley 388 de 1997, norma que determina que también son “Normas Urbanísticas Estructurales”, las que definen las características de las unidades de actuación o las que establecen criterios y procedimientos para su caracterización, “delimitación e incorporación posterior”, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas vinculadas a su desarrollo.

Entonces de nuevo en los anteriores términos le corresponde al Municipio, reglamentar los procedimientos para la delimitación, trámite y presentación de las UPR’s; y no es ninguna otra entidad la que precise y determine el procedimiento; pero lo que si debe hacer el Municipio es velar y garantizar que se planifique el territorio integralmente con el medio ambiente y el desarrollo sostenible; lo anterior en virtud al artículo 68 de la Ley 99 de 1993.

En otro ámbito, me traslado a la orilla de la Entidad Ambiental, con el “podrán”; facultad y autorización que le otorgan a la Autoridad Ambiental para exigir un porcentaje de suburbanización más restrictivo:

“1. Determinación del umbral máximo de suburbanización. Los municipios y distritos "deberán" determinar el umbral máximo de suburbanización, (……..) las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las características ambientales del territorio, "podrán" establecer las condiciones para que los municipios adopten un umbral más restrictivo. Con el anterior proceso se define el umbral máximo de suburbanización y NO es la Autoridad Ambiental, la que determine el umbral máximo de suburbanización.

Visto lo anterior, se abre de nuevo el debate; con el “podrán”; ósea que cualquier Municipio le puede indicar a la Corporación Autónoma Regional, que NO es obligatorio que ellos establezcan un umbral más restrictivo.

Cuanto quisiera saber o imaginarme, que piensa ahora la INVESTIDA de Autoridad Ambiental del “podrán”

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