Antes de ser un título sugestivo, lo que se pretende es llamar la atención a los alcaldes, concejales y Secretarios de Planeación, frente a la autonomía otorgada por la Constitución y la ley a los Municipios; autonomía que está amenazada por las malas interpretaciones, conceptos y atribuciones que no le corresponde a la entidad ambiental.

Ahora bien, las entidades territoriales gozan de autonomía política, fiscal y administrativa; al interior de la entidad territorial; el alcalde es la máxima autoridad de la planeación, el consejo de gobierno Municipal, y la Secretaría, de Planeación, son las encargadas de desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el alcalde; al Concejo Municipal le corresponde reglamentar los usos del suelo.

De igual manera le corresponde al alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos expedidos por el gobierno nacional, los acuerdos del concejo Municipal; al Municipio le corresponde administrar los asuntos municipales y la prestación de los servicios públicos; ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal, de igual manera le atañe planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, En virtud al artículo 65 de la ley 99 de 1993, a los Municipios les concierne dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, las normas de ordenamiento territorial y las regulaciones sobre usos del suelo.

A todo esto, el artículo 31 de la ley 99 de 1993, le otorga funciones específicas a las Corporaciones, como la de participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial “a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten” ; además el artículo 24º de la Ley 388 de 1997, señala que el proyecto del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial, se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, es decir no existe norma alguna que faculte a la Autoridad Ambiental, para hacer seguimiento y control a los planes o esquemas de ordenamiento territorial, en temas NO AMBIENTALES; consiguientemente el parágrafo del artículo 49 de la Ley 1537, describe que nohacen parte de los asuntos exclusivamente ambientales las normas urbanísticas, arquitectónicas o estructurales, ni los demás asuntos técnicos o jurídicos no ambientales.

No obstante, los entes territoriales deben tener claro lo que señala el artículo 2.2.2.1.2.6.3, del decreto 1077 de 2015, en referencia al procedimiento para aprobar y adoptar las revisiones, norma que intuye que todo proyecto de revisión y modificación de un plan o esquema de ordenamiento territorial, parcial o total se someterá a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación previstas en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997, en los asuntos exclusivamente ambientales.

En cambio el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, señala que las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos, describe la norma que en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, lo anterior no es otra cosa que la potestad reglamentaria que le otorga a los municipios la constitución y las leyes.

El contenido del artículo 15 de la Ley 388 de 1997, se constituye en el mecanismo o el instrumento que le permite al municipio promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural; así y todo, en cumplimiento de la función pública que debe ser ejercida por las entidades territoriales, las cuales se materializan mediante las decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas que les son propias. lo anterior porque el Municipio es autónomo en la gestión de sus intereses y es quien ordena y planifica el territorio; además es quien debe establecer el procedimiento para revisar, ajustar o modificar las normas urbanísticas, sin la bendición o la venia y/o sin la supremacía o prepotencia de la entidad ambiental.

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