LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO AL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

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Frente a la gestión del riesgo, el artículo 12 y siguientes de la Ley 388 de 1997, así como el artículo 9° y siguientes del Decreto 879 de 1998, hoy compilado por el decreto nacional 1077 de 2015, establecen que en el componente general del POT, debe incluirse "La determinación y ubicación en planos de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad"4 y en el componente general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial debe incluirse el "Inventario de zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos por amenazas y riesgos o por condiciones de insalubridad."5

Ahora bien, según lo previsto en el artículo 189 del Decreto Ley 19 de 2012, sólo procede la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo del plan de ordenamiento territorial o la expedición de uno nuevo, cuando se garantice la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas en condiciones de riesgo, además de la determinación de medidas específicas para su mitigación, las cuales deben incluirse en la cartografía correspondiente.

Concluye la norma que “El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones y escalas de detalle teniendo en cuenta la denominación de los planes de ordenamiento territorial establecida en el artículo 9 de la Ley 388 de 1997” (Planes, planes básicos y/o esquemas de ordenamiento territorial)

En virtud al párrafo anterior el 19 de septiembre de 2014, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1807 de 2014, (decreto nacional 1077 de 2015) “Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”; norma que permite complementar la Ley 388 de 1997 y desarrollar los planes & esquemas de ordenamiento territorial, en materia de gestión del riesgo.

Continuando con este régimen normativo, los artículos 39 y 40 de la Ley 1523 de 2012, establecen un plazo perentorio de un año, para que los municipios incorporen en sus planes de ordenamiento territorial la gestión del riesgo, lo anterior con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Dada la importancia y la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los asentamientos humanos, el alcalde es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el Distrito o Municipio; responsabilidad que es ejercida a través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, lo anterior según lo establece el Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, “Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el Municipio.

La gestión del riesgo se convierte entonces, en un instrumento que desarrolla y complementa los planes de ordenamiento territorial y que por tratarse de un tema transcendental y relevante para la seguridad y bienestar de las personas; no hay que esperar a que esta incorporación se realice mediante un proceso de revisión y ajuste ordinario por vencimiento de los contenidos del mediano o largo plazo; esta incorporación se debe hacerse de inmediato o en el corto plazo.

Ahora bien, para el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, “los Instrumentos que desarrollan y complementan los Planes de Ordenamiento Territorial, son aquellos que permiten complementar las decisiones adoptadas en el POT , igualmente forman parte de estos instrumentos, las decisiones sobre las acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto plazo”.

Sumamos a lo anterior, la definición de la revisión y ajuste de un plan o esquema de ordenamiento territorial; “como un proceso donde se desarrollan un conjunto de actividades bajo ciertas circunstancias técnicas, jurídicas, políticas, económicas y sociales, para la formulación de un nuevo plan, la modificación general y/o parcial o para el logro de las modificaciones excepcionales de interés público o de normas urbanísticas a que hubiere lugar en los términos de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015”.

Acorde con lo anterior, los numerales 4 y 5, del artículo 22º del Decreto Nacional 879 de 1998 (1077 de 2015); el cual precisa que en los Plan de Ordenamiento Territorial, se debe surtir las etapas de implementación y seguimiento; así mismo el artículo 26º del decreto en comento define la etapa de implementación como las acciones necesarias para hacer realidad los planes de ordenamiento territorial en aspectos tales como financiero, de capacidad institucional, desarrollo técnico, capacidad de convocatoria y de concertación.

Al sintetizar lo expresado anteriormente y partiendo de la responsabilidad que tiene el Alcalde de cara a la gestión del riesgo, es importante ahondar en las funciones específicas otorgadas a los Alcaldes en la Constitución y en la Ley 152 de 1994, el cual le otorgan la aureola de ser la máxima autoridad de la planeación en su jurisdicción, es decir la ley 1523 de 2012, no hizo más que trasladarle esa competencia a los Alcaldes.

Sobre el particular, hay que decir que el ordenamiento territorial es una función pública del urbanismo de competencia de los entes territoriales; la gestión del riesgo por tratarse de una delegación y responsabilidad expresa, le corresponde al alcalde adoptar la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas en condiciones de riesgo, junto con determinación de medidas específicas para su mitigación, mediante la expedición de un decreto municipal. Para lo anterior traigo a colación el Parágrafo 2°, del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, norma que establece que: “aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley”.

Ahora, siguiendo la línea de competencias hay que aclarar, que si bien es cierto que la gestión del riesgo hace parte del componente ambiental, tal situación no hace parte del juego de las concertaciones ambientales de que trata la Ley 388 de 1997 y el artículo 49 de la Ley 1537 de 2012, en razón a que las Corporaciones hacen parte del sistema nacional de gestión del riesgo y según el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, deberán apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo.

El parágrafo 1°, del artículo en comento establece que el papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio; el Parágrafo 3°, anuncia que las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación.

De acuerdo con lo expuesto, también es importante precisar que el parágrafo 2 del artículo 23 del decreto 1640 de 2012, vislumbra que para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como de alta y muy alta amenaza y/o vulnerabilidad en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus competencias, norma que es contraria a la Ley 1523 de 2012.

Para no ser más extenso en este tema es necesario precisar el contenido del artículo 9° de la ley 1551 de 2012, norma que establece que en materia de planes de ordenamiento territorial, “bastará con la elaboración de esquemas mínimos de ordenación, previendo especialmente los usos del suelo”.

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