El paradigma de la revisión & ajuste de los planes o esquemas de ordenamiento territorial. 

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En los municipios con planes o esquemas de ordenamiento territorial adoptados (hoy) hace doce (12) años – 2004; deben emprender el proceso de la revisión y ajuste del largo plazo; lo anterior en consideración al numeral 9 del artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, norma que a su texto indica: (…)  Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años”; la anterior referencia normativa deja un manto de duda respecto a lo establecido en los artículos, 23, 24, y 28 de la Ley 388 de 1997; reglas que señalan los procedimientos, vigencias de corto, medio y largo plazo; al igual que el trámite ante las diferentes instancias. La incertidumbre frente a las anteriores normas solo puede ser interpreta por el legislador, tal como lo señala el artículo 25 del código civil, cuando a su texto indica: La interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura, de manera general,corresponde al legislador”

Frente a la revisión de los P & E[1] de Ordenamiento Territorial cada 12 años, pierde vigencia el artículo 23 de la Ley 388, el cual establece lo siguiente: artículo 23: (…)  el proceso de la revisión y ajuste, debe iniciarse seis (6) meses antes de concluir una administración; para que sea la entrante al inicio del periodo Constitucional, apruebe o adopte el plan de ordenamiento territorial. Lo mismo sucede con el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, que determina que se deben surtir unas instancias (Consejo de gobierno, consejo territorial, autoridad ambiental); pues la norma establecida en la Ley 1551 de 2012, literalmente dice que se debe presentar al Concejo Municipal y Distrital, cada 12 años.

Ahora frente al artículo 28 de la Ley 388 de 1997, norma que determina que los planes de ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión; establece para el largo, mediano y corto plazo, tres, dos y un periodo constitucional respectivamente; es decir pierde vigencia las revisiones del corto y mediano plazo.  

Continuando con el análisis normativo, también perdería vigencia el artículo 6 del decreto 4002 de 2004 (Compilado por el decreto 1077 de 2015), pues la norma establece que por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período constitucional de este, se podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo; de igual manera pierde eficacia el artículo 7 del decreto en comento; norma que hace la misma referencia del artículo 24 de la Ley 388 de 1997.  

Si bien es cierto que las interpretaciones de una ley oscura (Insuficiente, ambigua. imprecisa), corresponden al Legislador; la teoría expresada en los anteriores párrafos, la fundamento en el artículo 71 de la ley 57 de 1887, así: el artículo 71, clasifica las derogaciones de las leyes en dos; la derogación expresa y la derogación tácita; define la derogación expresa, cuando la nueva ley claramente deroga la antigua; y describe la derogación tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la ley anterior


[1] Planes y Esquemas

 

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